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El artículo sitúa sus aportes en una reflexión de naturaleza pedagógica y social acerca de los vínculos que se establecen entre la educación social, los derechos humanos y la sostenibilidad en el desarrollo comunitario. En este sentido, en clave histórica y prospectiva, pone énfasis en la necesidad de promover acciones educativas que, siendo congruentes con los principios de equidad y justicia, posibiliten construir una sociedad local-global más democrática, inclusiva y cohesionada.

Una expectativa de futuro que deberá concretarse en teorías y prácticas educativas en las que las comunidades locales asuman el protagonismo que les corresponde en sus propios procesos de desarrollo, con una visión alternativa de los modos de educar y educarse cotidianamente, respetuoso con los derechos humanos y ecológicos. Una línea de actuación que coincide con los compromisos adquiridos en el Programa de Acción Global sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, adoptado por la UNESCO, y la Resolución A/70/1 aprobada por la Asamblea General en 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, garantizando un aprendizaje permanente para todos.

En este objetivo late una decidida, aunque no explícita, vocación pedagógico-social: formar ciudadanos que, individual y colectivamente sean conscientes de su cometido en los cambios socioambientales, asumiendo las responsabilidades inherentes a los valores que sostienen la vida en toda su diversidad. La educación social y el desarrollo comunitario, al proyectar sus iniciativas en distintos tiempos y espacios sociales, permite ampliar las oportunidades formativas más allá del sistema escolar y de sus prácticas curriculares. La Educación Ambiental y Agenda Local 21 continúan siendo dos referentes principales para la reflexión-acción educativa y comunitaria.

 

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